Mientras Maldonado estaba desaparecido el juez Otranto espiaba a la familia

Desde octubre el juez Lleral tiene en su poder escuchas realizadas sobre Sergio Maldonado y varios testigos por orden del primer juez de la causa y la fiscal Silvina Ávila. Ayer, sorpresivamente, ordenó destruirlas.

Mientras Maldonado estaba desaparecido el juez Otranto espiaba a la familia

Sábado, 12 de Mayo de 2018

Políticas

Las sospechas eran más que fundadas. Tan es así que Myriam Bregman (abogada y diputada del Frente de Izquierda), acompañada por el hermano de Santiago, hace siete meses denunció penalmente al Estado por realizar espionaje ilegal sobre la familia Maldonado y organismos de derechos humanos.

Este viernes no solo esas sospechas se confirmaron sino que el propio juez federal de Esquel Guido Otranto y la fiscal del caso, Silvina Ávila, quedaron expuestos como máximos impulsores de ese espionaje. Quien los dejó en evidencia no fue otro que el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, sucesor de Otranto al frente de las causas de “hábeas corpus” y de “Desaparición Forzada” luego de que este fuera apartado.

Violatorio de derechos humanos

En un fallo sorpresivo (firmado el jueves y publicado ayer) Lleral ordenó destruir, declarándolas nulas como pruebas, un conjunto de escuchas que habían sido ordenadas por Otranto sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Stocovaz. El primero, huelga decirlo, es uno de los querellantes. Las tres personas restantes son testigos.

En su fallo, Lleral afirma que la serie de escuchas ordenada por Otranto, “mediante las resoluciones de fecha 05 y 22 de septiembre del año 2017, y con la anuencia la Sra. Fiscal Federal Subrogante de Esquel”, está “reñida con derechos humanos superiores” reconocidos por la Constitución Nacional.

El argumento de Lleral se basa en que en un proceso de hábeas corpus, donde de lo que se trata es de encontrar a una persona, el Poder Judicial no puede proceder violando “los derechos fundamentales de testigos y, sobre todo, del hermano de la víctima”. Es más, el juez considera que su colega procedió a escuchar esas comunicaciones afectando “indiscutiblemente el derecho a la intimidad”, casi como si las personas espiadas fueran las responsables de la desaparición de Santiago. Pero “ninguna de las personas cuyas comunicaciones se ordenaron intervenir, reviste el carácter de imputado ni se encontrarían sospechadas de haber cometido un ilícito”, concluye Lleral.

Con esas fundamentaciones el juez que actualmente tiene a su cargo la investigación del crimen de Santiago Maldonado decretó “la nulidad absoluta” de las órdenes dictadas en septiembre por Otranto para realizar las escuchas, por ser “inconstitucionales e inconvencionales”. A su vez dictó “la nulidad absoluta de todo el material (grabaciones y transcripciones) obtenido a partir de las resoluciones”. Y, “como lógica derivación”, dispuso “la destrucción de todos los registros y archivos documentales y/o magnetofónicos, escritos y/o auditivos, sus originales y copias, como así también todo registro existente en la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial”, que es la oficina encargada de realizar las escuchas.

“¿Quiénes tienen esas grabaciones?”

“Siempre supimos que teníamos los teléfonos pinchados”, dijo Sergio Maldonado a La Izquierda Diario apenas se enteró de la resolución del juez Lleral. Y recordó que desde el primer día en que denunciaron la desaparición de Santiago fueron perseguidos tanto por la Gendarmería como telefónicamente. “No nos olvidemos que (el jefe de la Gendarmería de El Bolsón Fabián) Méndez le mandó desde su celular un mensaje a (el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo) Noceti con una captura de pantalla del teléfono de mi compañera Andrea. Lo que vemos ahora es la reafirmación de eso que siempre supimos”, afirmó.